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El abogado de la agente que acusa al exsubdirector operativo de la Policía Nacional ha anunciado la presentación de nuevas pruebas que podrían transformar la instrucción del caso. Entre los elementos figura un audio de larga duración que, según su defensa, documenta buena parte de los hechos y ya ha sido reclamado por el juzgado para su análisis forense.
Jorge Piedrafita ha comunicado que este viernes aportará al juzgado un conjunto de materiales probatorios y ha solicitado que el examen técnico lo realice la Guardia Civil en lugar de la Policía Nacional, por razones de imparcialidad. El titular del juzgado ha pedido formalmente la grabación, cuyo contenido —según el abogado— refleja cronológicamente los sucesos desde la entrada en el domicilio hasta la salida de la víctima.
Además del archivo sonoro principal, la denuncia incorpora otros elementos que el letrado califica como abundantes y relevantes para la investigación.
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- Audio de larga duración: grabación principal entregada al juzgado para peritaje.
- Otros dos audios y listados de llamadas que podrían corroborar contactos y temporalidades.
- Conversaciones de WhatsApp con intercambios que la defensa considera probatorios.
- Informes médicos que reflejarían seguimiento de la denuncia y daños psíquicos.
- Testimonios y elementos que apuntan a supuestas coacciones por parte del comisario Óscar San Juan para silenciar a la víctima.
El teléfono móvil de la denunciantes se ha depositado en el juzgado con las grabaciones originales para que un equipo de la Guardia Civil confirme su autenticidad. La documentación será remitida por la plataforma LexNet, si bien la defensa ha avisado de que, por el volumen, podría entregarse también en formato físico.
El juez encargado de Violencia contra la Mujer recibirá el material a lo largo del día para examinarlo antes de las declaraciones previstas: la víctima y el investigado, el exsubdirector operativo José Ángel González, están citados a prestar testimonio el próximo 17 de marzo.
Posibles más víctimas y medidas de protección
El abogado ha asegurado que, dentro del cuerpo, existía conocimiento de conductas inapropiadas de altos mandos hacia mujeres, pero que no se actuó hasta ahora. Según Piedrafita, dos mujeres ya han contactado con su despacho señalando a otros responsables, lo que abre la puerta a nuevas denuncias.
Mientras avanza la instrucción, la Dirección Adjunta Operativa en funciones, encabezada por Gemma Barroso, se reunió con la denunciante para ofrecerle protección. El encuentro tuvo lugar en un punto violeta habilitado para la confianza de la víctima y contó con la presencia de profesionales del equipo psicosocial y responsables de seguridad ciudadana para diseñar un dispositivo de protección 24 horas.
La filtración de datos personales en chats internos ha agravado la situación: la defensa relata un aumento de llamadas y mensajes dirigidos a la mujer que han incrementado su ansiedad y el daño psicológico ya existente.
En paralelo, el investigado se jubiló oficialmente este viernes y ha nombrado como letrado a José Antonio Fuster Fabra, profesional con experiencia en causas mediáticas y en defensa de agentes. El sindicato JUPOL ha solicitado al Consejo de la Policía la apertura de un expediente administrativo para revisar y, en su caso, retirar condecoraciones del exsubdirector y de su asesor, Óscar San Juan González.
Reacciones políticas y consecuencias institucionales
La denuncia ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que la situación pone de manifiesto conductas que antes permanecían ocultas y defendió los canales de denuncia implantados, considerándolos un avance necesario para visibilizar y combatir abusos.
También la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la titular de Igualdad han expresado su consternación y han reclamado protocolos más ágiles en administraciones e instituciones.
Montero respaldó además la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y cuestionó la respuesta de otros partidos al compararla con supuestas distintas varas de medir en casos similares, en referencia a la gestión de denegaciones o silenciaciones en municipios como Algeciras y Móstoles.
Desde la Presidencia, Félix Bolaños también defendió que Marlaska actuó con rapidez y criticó lo que consideró un tratamiento desigual cuando los hechos afectan a distintos espacios políticos. El PP, por su parte, mantiene que el ministro debería dimitir si se confirma que conocía los hechos con anterioridad y reprocha una supuesta revictimización al situar en la víctima la carga de esa decisión.
Fuera de los grandes partidos, voces como la secretaria de organización de Sumar, Lara Hernández, han pedido una reflexión colectiva para impulsar cambios educativos y sociales, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado una renovación profunda de las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar impunidad.
En las próximas semanas, la determinación de la Guardia Civil sobre la autenticidad de las grabaciones y la valoración judicial del conjunto probatorio marcarán los pasos del proceso. La posible ampliación de la investigación y la apertura de expedientes internos plantean consecuencias que van más allá del caso individual y pueden afectar protocolos, reputaciones y responsabilidades administrativas.
