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Dos reuniones privadas entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras precedieron al anuncio público del acuerdo sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, una negociación que busca asegurar apoyos clave para el Ejecutivo en minoría. El pacto, que incorpora medidas controvertidas y concesiones territoriales, condiciona la capacidad del Gobierno para aprobar los próximos Presupuestos y mantiene en vilo la estabilidad parlamentaria.
Encuentros discretos con Junqueras
Moncloa reconoció finalmente que hubo más contactos de los que había informado inicialmente: además de la cita divulgada en enero, Sánchez y el líder de ERC se vieron en dos ocasiones previas a la firma del nuevo marco financiero. Fuentes gubernamentales admiten que dar protagonismo a Junqueras en el anuncio fue una decisión pactada, pero no han aclarado todos los términos de esas conversaciones.
La noticia de los encuentros ha reavivado la polémica sobre los procedimientos de negociación: varias comunidades autónomas y sectores internos del PSOE recriminan al Ejecutivo que haya cerrado compromisos de manera bilateral con un único partido y una sola comunidad, fuera del cauce multilateral habitual.
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El debate sobre la financiación y sus efectos
El paquete presentado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé incorporar 21.000 millones de euros adicionales en el sistema de financiación. Sin embargo, una de las propuestas más discutidas —la denominada ordinalidad— ha provocado rechazo por generar desigualdades entre autonomías.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra defendió que la reforma es voluntaria y que ahora comienza un periodo de diálogo con las comunidades. Desde el Ejecutivo esperan que el texto, con ajustes, llegue al Congreso con el respaldo de buena parte de los socios de investidura; no obstante, Junts ha expresado su rechazo y reclama un trato comparable al modelo foral de Euskadi y Navarra.
Mientras tanto, Sánchez busca consolidar apoyos prioritarios: mantiene el acercamiento al PNV y a ERC y pretende reconducir la relación con Junts, aunque los neoconvergentes mantienen una distancia evidente y han comunicado que no asistirán a la ronda de contactos sobre un posible envío de tropas a Ucrania en caso de alto el fuego.
Qué acuerda Euskadi
El Gobierno y el Ejecutivo vasco han cerrado un paquete que incluye cinco nuevas transferencias. El lehendakari, Imanol Pradales, dejó claro que el Estatuto no puede ser utilizado como «moneda de cambio» y exigió que los compromisos se sometan a una verificación efectiva.
| Transferencia | Contenido |
|---|---|
| Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social | Traspaso de la gestión de ayudas sociales no contributivas |
| Prestaciones por desempleo | Asunción de competencias en políticas de paro |
| Seguro escolar | Responsabilidad sobre cobertura y gestión del seguro |
| Salvamento Marítimo | Transferencia de funciones operativas y coordinación |
| Centro de verificación de maquinaria (Barakaldo) | Instalación y control técnico transferidos al Gobierno vasco |
Pradales anunció la elaboración de un informe de evaluación que recoge «cumplimientos e incumplimientos» de acuerdos anteriores y adelantó que, sobre esa base, se realizará una «reválida bilateral» para comprobar la voluntad real del Estado. En Moncloa aceptan ese control, aunque lo interpretan como parte de la negociación política en curso.
Agenda legislativa y retos inmediatos
El Ejecutivo aspira a presentar los Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre, un trámite que depende en gran medida de la capacidad de sumar votos en un Parlamento fragmentado. Desde el Gobierno sostienen que intentarán desvincular la tramitación de la continuidad de la legislatura y que su objetivo es agotar la legislatura negociando iniciativa por iniciativa.
Además de la reforma de la financiación autonómica, el Gobierno ha lanzado iniciativas que no requieren aprobación parlamentaria —acuerdos con la Iglesia para la reparación de víctimas, creación de un fondo soberano para atraer inversión privada— mientras deja en manos del Congreso otras reformas más complejas, como la vivienda, que probablemente tendrán mayor dificultad para prosperar.
- Plazos clave: presentación de los Presupuestos en el primer trimestre; periodo de diálogo con comunidades sobre la financiación.
- Variables por seguir: pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, que podrían influir en la negociación con Junts.
- Riesgos: rechazo de comunidades al proceso bilateral y desgaste político por concesiones percibidas como asimétricas.
En el tablero político, Moncloa confía en su capacidad persuasiva para sostener Gobierno y políticas, aunque admite la necesidad de «negociar con quien es distinto» para garantizar estabilidad sin mayoría absoluta. La estrategia pasará por combinar concesiones territoriales, gestión ejecutiva sin dependencia del Congreso para ciertas medidas y continuar los contactos con los socios parlamentarios.
El pulso entre acuerdos bilaterales y la exigencia de transparencia multilateral seguirá marcando la agenda. Para los ciudadanos, la discusión tiene implicaciones concretas: reparto de recursos entre comunidades, prestación de servicios y la rapidez con la que se ejecuten las políticas pactadas. Ese es, a fin de cuentas, el verdadero efecto del nuevo mapa de pactos que intenta consolidar el Gobierno en estos primeros meses del año.
