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Esta semana dos mandos policiales han declarado en el juicio que reabre un episodio de presunta manipulación investigadora: sus testimonios vuelven a poner en cuestión la fiabilidad de informes que, hace años, sirvieron para archivar una causa por acoso y agresión. El proceso contra Javier López Madrid y el comisario Villarejo, con vistas a celebrarse en febrero, llega con la sombra de esos informes y con la Audiencia de Madrid ya advirtiendo sobre irregularidades.
Testimonios que reavivan el caso
En los interrogatorios celebrados estos días ante el tribunal han comparecido los responsables policiales que elaboraron y encargaron los informes que inicialmente dieron credibilidad a la tesis de que la denunciante era la autora del acoso. Uno de ellos reconoció que la orden de encargar el estudio partió de su mano; su esposa, también policía y autora del análisis, admitió que él le pidió participar en la investigación.
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La comparecencia aporta detalles hasta ahora no publicados al completo y contrasta con la versión inicial que llevó al archivo: la figura del comisario, la intervención del Servicio de Análisis de la Conducta y la intervención de mandos superiores en el curso de la investigación.
Cómo se construyó el informe
La pieza clave fue un atestado que incorporó, como anexo, un informe del llamado Servicio de Análisis de la Conducta, un grupo creado en la Policía en 2011 con la intención de aplicar técnicas de perfilado. Ese documento concluyó, mediante hipótesis psicológicas sobre los mensajes y contactos analizados, que la autora debía ser una mujer “con un sentimiento de despecho” y muy cercana a la víctima.
El trabajo fue determinante: el Juzgado de Instrucción archivó la causa contra el empresario y el comisario tras la presentación de esos informes. Más tarde, la Audiencia Provincial detectó que había indicios de que las conclusiones se habían forzado y ordenó reabrir la investigación.
Lo que la justicia ya ha dicho
Los magistrados que en 2018 reabrieron el caso y los que en 2022 resolvieron recursos han puesto en entredicho la solidez de las peritaciones policiales. En sus resoluciones se subrayó la ausencia de información sobre la metodología, la cualificación de los autores y las bases científicas del análisis, lo que llevó a calificar la confianza en esos informes como “emnpañada” o comprometida.
- 2015: la denunciante identifica a uno de los investigados entre fotografías; se suceden decisiones internas para proteger a altos cargos.
- 2017–2018: el informe policial provoca el archivo; la Audiencia lo anula y ordena retomar la causa.
- 2022: los jueces reiteran dudas sobre la fiabilidad de los informes y avalan el procesamiento de los investigados.
- 2026 (esta semana): comparecencias de los policías que elaboraron y encargaron los informes; el juicio contra López Madrid y Villarejo se celebra en febrero.
Mensajes, contradicciones y roles
Entre los elementos materiales que sorprendieron a los tribunales figuran mensajes recuperados del teléfono del empresario con contenido amenazante y las comunicaciones entre investigados y mandos policiales. Uno de los inspectores implicados apareció en registros y en la causa como interlocutor directo con el empresario en momentos clave.
Hoy, ese mismo inspector ocupa un puesto de responsabilidad —es jefe de la Policía Judicial en Madrid— lo que añade interés público a las preguntas sobre cómo se investigaron y documentaron aquellos hechos. Su papel y las instrucciones que dio siguen siendo objeto de escrutinio.
Qué está en juego
El caso no es solo un pleito entre particulares: plantea cuestiones sobre independencia policial, criterios para elaborar peritajes psicológicos y el trato institucional a las víctimas de acoso. Para la ciudadanía, el proceso aporta lecciones sobre transparencia y controles internos en organismos con capacidad investigadora.
De forma concreta, el resultado del juicio de febrero puede influir en:
- La credibilidad de informes de conducta como prueba en causas penales.
- Posibles responsabilidades disciplinarias o penales de mandos implicados.
- La percepción pública sobre la protección que reciben víctimas frente a personas con poder e influencia.
Los magistrados ya han exigido aclaraciones sobre quién firmó y cómo se elaboraron aquellos informes, y han pedido detalles sobre la formación y la designación de los peritos. Esa línea de investigación seguirá abriéndose en audiencias próximas.
Perspectiva final
Con las últimas declaraciones, la causa recupera actualidad y plantea preguntas cruciales sobre la mezcla entre poder, investigación y técnica pericial. La Audiencia de Madrid ha dejado claro que no basta con emitir conclusiones: la metodología y la trazabilidad de los análisis son decisivas para que la Justicia las admita.
En las próximas semanas, la celebración del juicio será una prueba para evaluar hasta qué punto las actuaciones policiales de entonces condicionaron —o no— el recorrido judicial del caso. Para quienes siguen el proceso, la atención estará en ver si los tribunales confirman ahora las sospechas sobre manipulación o, por el contrario, mantienen otras conclusiones.
