El PP ha citado a José Luis Ábalos para que comparezca ante la comisión de investigación del Senado el 8 de enero, pese a que el exministro se encuentra en prisión preventiva en Soto del Real. La Mesa del Senado ha reservado enero para celebrar comisiones, pero la comparecencia solo podrá celebrarse si el Tribunal Supremo autoriza la salida o fija la forma en que se producirá.
La portavoz del PP, Alicia García, ha vinculado la citación con el expediente judicial que pesa sobre Ábalos y ha recordado la estrecha relación política y personal que, en su opinión, mantenía con el presidente Pedro Sánchez; a partir de esa premisa, el partido exige que el exsecretario de Organización dé explicaciones públicas ante la Cámara.
García ha acusado a Ábalos de posibles irregularidades y ha planteado que su testimonio podría arrojar luz sobre asuntos que, según el PP, afectan al funcionamiento interno del PSOE. En rueda de prensa señaló que el exdirigente tiene la opción de colaborar con la investigación o de proteger a terceros, en alusión a la cúpula socialista.
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Entre los asuntos que el PP desea que se investiguen en la comisión, la portavoz ha incluido una serie de temas que pidió aclarar públicamente. Ella misma agrupó esas solicitudes en varios bloques:
- Contrataciones y adjudicaciones vinculadas a personas y empresas próximas al partido.
- Presuntas contrataciones irregulares y colocación de personal allegado.
- Movimientos patrimoniales y pagos en efectivo cuyo origen se considera opaco.
- Supuestas presiones a ministerios en compras puntuales realizadas durante la pandemia.
- Operaciones financieras relacionadas con rescates de empresas y supuestos favores políticos.
Es importante subrayar que todas esas acusaciones han sido formuladas por la portavoz del PP y que, por ahora, forman parte del discurso político que acompaña al proceso judicial abierto.
Desde el punto de vista procesal, Ábalos ingresó en prisión el 27 de noviembre tras la decisión del instructor del caso Koldo, y presentó un recurso de apelación contra la prisión provisional. El Tribunal Supremo ha convocado una vista para el 15 de enero en la que analizará ese recurso; la resolución de ese trámite marcará si el exministro puede acudir a la comisión y en qué condiciones.
Un precedente relevante ocurrió en febrero de 2025, cuando Mohamed Houli Chemlal —condenado por los atentados de 2017 en Cataluña— fue autorizado por un juez de vigilancia penitenciaria a salir de prisión para declarar ante una comisión del Congreso. Aquella comparecencia se llevó a cabo bajo un amplio dispositivo policial, lo que ofrece una referencia sobre cómo podrían coordinarse las autoridades si se autorizara la salida de Ábalos.
La auditoría encargada por el PSOE
El PSOE encargó una auditoría interna para revisar sus cuentas tras las dudas públicas sobre pagos en efectivo relacionados con varios cargos, entre ellos Ábalos y su sucesor en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán. El informe, elaborado por dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y al que ha tenido acceso la prensa, niega la existencia de una financiación irregular sistemática del partido.
No obstante, el documento admite que se registraron gastos que los auditores consideran improcedentes, aunque esos desembolsos estaban respaldados con facturas que presentó la Secretaría de Organización. El informe, según sus autores, no prueba una contabilidad paralela ni un esquema de financiación ilegal generalizado.
La respuesta del PP ante la auditoría ha sido descalificadora: la portavoz la puso en duda por haber sido encargada por el propio partido, minimizando su valor como elemento de aclaración política.
A continuación, lo que conviene seguir en los próximos días:
- 15 de enero: vista ante el Tribunal Supremo sobre el recurso de Ábalos contra la prisión provisional.
- 8 de enero: fecha en la que el Senado ha citado la comparecencia, condicionada a la autorización judicial.
- Posible decisión del Supremo sobre permisos o medidas alternativas que determinarán la modalidad de la comparecencia (presencial, videoconferencia o suspensión).
- Repercusiones políticas inmediatas: el proceso puede afectar la agenda legislativa y la percepción pública del PSOE en un momento sensible.
La causa judicial sigue su curso y la discusión política se ha intensificado alrededor de cómo y cuándo podrá declarar Ábalos ante la Cámara. Los próximos movimientos del Tribunal Supremo y la respuesta del exministro serán claves para definir el calendario parlamentario y el alcance de la investigación pública.
