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La escalada migratoria en Ceuta y Melilla expone un problema que ya no puede resolverse solo con medidas nacionales: si la Unión Europea no asume responsabilidad jurídica y financiera, la situación actual corre el riesgo de colapsar. La forma en que se trate a menores y solicitantes de asilo estos días marcará tanto derechos humanos como la estabilidad política en la frontera sur de la UE.
El desafío es doble: por un lado, existen obligaciones legales claras que protegen a los menores y a quienes piden asilo; por otro, la fragilidad económica y la presión diplomática transforman a ambas ciudades en puntos de tensión geoestratégica. Esa combinación convierte cualquier medida improvisada en un riesgo para la legalidad y para la convivencia.
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Protecciones jurídicas ineludibles
La ley y la jurisprudencia europea y española no dejan margen de discrecionalidad en el trato a los niños no acompañados. El principio del interés superior del menor, recogido por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la normativa nacional, impone la tutela inmediata del Estado. El Tribunal Supremo ha sido categórico: las devoluciones sumarias o colectivas de menores son ilegales.
En paralelo, la normativa comunitaria sobre asilo obliga a garantizar procedimientos con plenas garantías y a suspender expulsiones mientras se tramitan las solicitudes, en aplicación de la Directiva de Procedimientos de Asilo.
- Repatriación de menores: exige expediente individualizado, informe de la Fiscalía, audiencia al menor y prueba de que existe en el país receptor una familia o servicio de protección adecuado.
- Solicitantes de asilo: tienen derecho a un examen con garantías; cualquier expulsión se suspende mientras el procedimiento esté abierto.
- Non-refoulement: la prohibición de devolución forzada es un principio internacional que impide expulsiones sin las salvaguardas mencionadas.
No basta con enunciar derechos: su cumplimiento exige mecanismos claros y cooperación administrativa entre Estados. Ahí es donde surgen los principales conflictos prácticos, en particular cuando el Estado receptor no facilita la transparencia necesaria para evaluar garantías.
Una vulnerabilidad geopolítica con coste económico
Ceuta y Melilla dejaron de ser solo nodos comerciales informales tras las medidas adoptadas por Marruecos en 2021 que cerraron el flujo del llamado comercio atípico. Desde entonces, su supervivencia depende en gran medida de transferencias estatales y de fondos de cohesión europeos que intentan paliar un deterioro socioeconómico estructural.
Ese apoyo financiero se ha convertido en un parche permanente. Mientras persista, las ciudades seguirán funcionando; si se reduciera o suprimiera, la tensión social y las presiones externas aumentarían de forma exponencial.
Además, la utilización de flujos migratorios y la vulnerabilidad de menores como instrumento de presión encajan en tácticas de guerra híbrida: obligan a decisiones urgentes y exponen a España y a la UE a dilemas diplomáticos que no pueden resolverse solo con gasto en seguridad.
Qué está en juego ahora
Si la Unión Europea no incorpora a Ceuta y Melilla en sus prioridades políticas y no respalda con recursos y reglas claras su protección, lo que hoy es un statu quo frágil dejará de ser sostenible. La cuestión ya no es únicamente administrativa: toca principios jurídicos básicos y la credibilidad europea en materia de derechos.
Actuar implica coordinar actuaciones en varios frentes: reforzar los mecanismos de protección de menores, asegurar procedimientos de asilo con garantías reales, y diseñar un paquete económico y político que reduzca la dependencia exclusiva del presupuesto español.
- Responsabilidad compartida de la UE y España
- Refuerzo de protocolos para menores y solicitantes de asilo
- Plan de cohesión y desarrollo para mitigar la precariedad local
Sin medidas conjuntas y sostenidas, Ceuta y Melilla seguirán siendo puntos débiles en la frontera sur europea. La alternativa —dejar la gestión en manos de respuestas urgentes y aisladas— aumenta la probabilidad de vulneraciones y de crisis periódicas que afectarán tanto a los derechos de las personas como a la seguridad regional.
Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y doctor en Derecho Administrativo.
