Ceuta: Vivas prepara demanda judicial por la gestión del gobierno

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha recrudecido este lunes sus críticas contra el Ejecutivo central por lo que califica de respuesta insuficiente ante la llegada masiva de migrantes por la frontera del Tarajal: más de 70.000 personas entraron desde Marruecos y, según la Ciudad, aún permanecen en el enclave más de 8.000. Vivas exige medidas urgentes y anuncia gestiones ante los máximos responsables judiciales para trasladarles la gravedad de la situación.

Reclamación de medidas y plazo de 30 días

En una comparecencia convocada horas antes de reunirse con la ministra portavoz responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Vivas pidió al Gobierno que active «los medios para devolución y expulsión» con el objetivo de restablecer la normalidad en un plazo máximo de 30 días.

Sala de audiencias o tribunal donde se tramitarían demandas judiciales contra la administración central.
Vivas prevé presentar acciones legales ante los máximos responsables judiciales.

El presidente ceutí insistió en que la Administración central dispone de recursos y capacidad para lograr ese retorno a la normalidad, siempre «cumpliendo la ley», y subrayó su impresión de que, hasta ahora, la actuación no ha comenzado con la contundencia necesaria.

Contacto con los tribunales superiores

Para visibilizar la situación ante las instituciones, Vivas anunció que solicitará entrevistas con los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, Isabel Perelló y Cándido Conde-Pumpido respectivamente, con el objetivo de explicarles las consecuencias en la ciudad autónoma.

Fachada o interior de un tribunal superior, símbolo de la gestión judicial que Vivas busca contactar.
El presidente ceutí solicitará entrevistas con los presidentes del Supremo y Constitucional.

Además de las gestiones políticas y judiciales, el presidente local apuntó a posibles motivos por los que el Gobierno no habría actuado con mayor contundencia: desde una falta de capacidad hasta la intención de no tensar relaciones con Marruecos, sin descartar la irresponsabilidad administrativa.

Impacto en los servicios públicos y respuesta sanitaria

Vivas ha planteado la preocupación por la presión sobre la asistencia sanitaria en Ceuta y reclamó que las autoridades piensen también en los ceutíes a la hora de priorizar recursos. La ministra de Sanidad, Mónica García, sin embargo, rechazó la existencia de un «colapso sanitario» en la ciudad y señaló que será necesario investigar las responsabilidades del Gobierno marroquí en el episodio.

Preguntado sobre cuándo arrancaría el plazo de 30 días, Vivas respondió que el conteo debe empezar «desde el inicio de las actuaciones», ya que su percepción es que aún no se ha puesto en marcha un plan eficaz.

  • Demandas planteadas por Vivas: medidas para devolución y expulsión, actuación en 30 días y reunión con mandos judiciales.
  • Situación en cifras (según la Ciudad): más de 70.000 entradas por el Tarajal; más de 8.000 personas permanecen en Ceuta.
  • Reacción del Gobierno central: reunión telemática presidida por Pedro Sánchez con varios ministros para valorar la situación.

Coincidiendo con la comparecencia de Vivas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió por videoconferencia una reunión con siete de sus ministros, entre ellos los de Interior, Defensa y Economía, para analizar la crisis —la segunda reunión virtual desde el inicio de las entradas irregulares—.

El conflicto plantea decisiones inmediatas sobre controles fronterizos, gestión de alojamientos y la coordinación con Marruecos, con implicaciones directas para la convivencia en Ceuta y la distribución de recursos sanitarios y sociales en los próximos días.

Fuentes del Ejecutivo autonómico insisten en que el desenlace depende en buena medida de la rapidez en la ejecución de devoluciones y expulsiones y de la coordinación con el Estado. Los próximos pasos formales serán las solicitudes de Vivas a los presidentes del Supremo y del Constitucional y el seguimiento de las instrucciones que pueda dar el Gobierno central tras la reunión ministerial.

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