Más de un año después de que el Congreso aprobara la ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, la estructura permanece inactiva, una realidad que complica la respuesta frente al actual brote de hantavirus y otras amenazas emergentes. Eduardo Satué, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), advierte que la falta de arranque administrativo tiene consecuencias concretas para la coordinación, la comunicación y la capacidad preventiva del sistema sanitario.
Satué recuerda que la ley llegó tras casi quince años de intentos, pero que la aprobación parlamentaria fue solo el primer paso. A día de hoy siguen pendientes los estatutos internos que deben definir el funcionamiento de la agencia; su retraso —superior al plazo previsto— ha dejado al país sin un nodo de coordinación cuando las emergencias ya están en marcha.
La incapacidad de poner en marcha la agencia no se limita a trámites: implica decisiones prácticas que aún no se han tomado, como la elección de la sede, la dotación de recursos humanos y la infraestructura técnica necesaria para operar a escala nacional.
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En materia de gestión del brote de hantavirus, Satué valora la respuesta técnica como «segura», pero subraya deficiencias en la coordinación interadministrativa y la comunicación pública. Según él, esas lagunas no habrían desaparecido por completo con la agencia, pero sí se habrían minimizado gracias a protocolos ya establecidos y canales permanentes entre Estado, comunidades y organismos internacionales.
El problema, explica, es la reacción reactiva: muchas decisiones se toman cuando ya hay un problema encima, en lugar de ejecutarse dentro de planes consensuados y probados. Esa improvisación aumenta el riesgo de mensajes contradictorios, que dañan la confianza ciudadana.
«Los mensajes cruzados minan la credibilidad: no puede haber una administración que tranquilice y otra que alerte al mismo tiempo», señala Satué.
El choque político con Canarias, añade, ha tensionado la percepción pública y demuestra la necesidad de un marco institucional que fomente el consenso y reduzca la politización de las medidas sanitarias.
También hay una dimensión climática. El aumento de las zoonosis —enfermedades transmitidas por animales— está ligado al calentamiento global y a cambios en ecosistemas y vectores. España ya observa patógenos antes no habituales, lo que obliga a reforzar vigilancia, control ambiental y cooperación autonómica.
Además de las amenazas infecciosas, Satué subraya otros problemas que la nueva agencia debería atender con prioridad: el repunte de infecciones de transmisión sexual, el impacto del cambio climático en la salud (olas de calor, contaminación) y problemas sociales como la ludopatía.
Para que la agencia funcione como esperan los expertos, no basta con aprobar estatutos: es preciso dotarla de recursos estables, atraer y retener talento y diseñar una carrera profesional atractiva en salud pública. Sin ello, la capacidad de anticipación del sistema seguirá siendo limitada.
Entre las medidas que Satué considera urgentes para fortalecer la salud pública española destacan:
- Crear y aprobar cuanto antes los estatutos y definir la sede y la plantilla técnica.
- Establecer protocolos de coordinación entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos.
- Mejorar los canales de comunicación pública para ofrecer mensajes coherentes y oportunos.
- Reforzar los sistemas de vigilancia de vectores y zoonosis con datos compartidos en tiempo real.
- Incrementar la formación y la carrera profesional en salud pública para retener talento.
En cuanto a cifras, la recomendación es clara: España debería al menos duplicar la inversión en salud pública para acercarse a la media europea. Esa inyección económica no solo sirve para gestionar emergencias puntuales, sino para anticipar riesgos y reducir el coste social y sanitario a medio y largo plazo.
La lección del brote reciente, según Satué, es doble. Por un lado, las medidas técnicas han protegido bien a la población; por otro, la ausencia de un marco institucional operativo ha expuesto grietas en la gestión colectiva. Mientras la agencia no funcione como una «red de redes» de coordinación, el país seguirá siendo más vulnerable a futuros episodios sanitarios y a las nuevas amenazas asociadas al cambio climático.
En resumen: la urgencia no es solo aprobar papeles, sino convertir la norma en una estructura operativa, con recursos, coordinación y comunicación sólidas, capaces de responder de manera ágil y coherente cuando surjan nuevas crisis.
