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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) presentó hace pocas semanas un protocolo para garantizar una atención homogénea a las familias con miembros sordos en todo el país. La novedad no es solo administrativa: persigue que el lugar de residencia o la empatía de un profesional dejen de condicionar el acceso a educación, salud y servicios sociales, especialmente en la infancia.
¿Qué propone el nuevo protocolo?
El documento define pautas prácticas para que las administraciones y los servicios públicos ofrezcan una respuesta coherente y basada en derechos. Según Natalia Mejías, secretaria general de la CNSE, el objetivo es que la atención deje de depender de iniciativas aisladas y pase a ser sistemática en cada consulta, centro escolar o dispositivo social.
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En la práctica, eso implica transformar normas ya existentes en actuaciones cotidianas: procedimientos claros, formación especializada y herramientas que faciliten la comunicación y la toma de decisiones compartida entre profesionales y familias.
¿A quién va dirigido?
El protocolo está pensado para profesionales que trabajan en ámbitos clave —sanidad, educación, servicios sociales, atención temprana y justicia—, aunque la intención de la CNSE es que sirva como referencia para cualquier equipo que atienda a una familia con personas sordas.
La propuesta apuesta por reconocer a las familias como interlocutoras activas y por ofrecer criterios que respeten la diversidad lingüística y cultural del colectivo.
Problemas que el protocolo quiere corregir
En España existe un marco legal avanzado: reconocimiento de las lenguas de signos y derechos recogidos en leyes y tratados. Sin embargo, la aplicación efectiva varía según la comunidad autónoma y los recursos locales.
La ausencia de procedimientos estandarizados y la falta de formación provocan respuestas desiguales: dos familias con circunstancias similares pueden recibir apoyos muy distintos según el lugar o el profesional que las atienda.
- Falta de intérpretes o de medios de comunicación accesibles en citas médicas y servicios sociales.
- Carencia de formación específica en equipos docentes y sanitarios sobre atención a personas sordas.
- Escasa coordinación entre entidades y ausencia de protocolos que determinen responsabilidades.
- Riesgo de privación lingüística en la infancia por ausencia de acceso temprano a una lengua que permita el desarrollo pleno.
La doble dimensión: discapacidad y minoría lingüística
La CNSE subraya que las personas sordas viven una doble realidad. Por un lado, requieren ajustes razonables y medidas de accesibilidad que garanticen su participación en igualdad; por otro, forman una comunidad con identidad propia cuyo derecho a usar la lengua de signos debe ser respetado.
Reconocer ambas dimensiones es clave para avanzar desde la simple eliminación de barreras hacia la garantía de derechos culturales y lingüísticos.
Por qué la infancia es prioritaria
Los expertos advierten que la falta de acceso temprano a una lengua puede provocar lo que se denomina privación lingüística: retrasos en el desarrollo cognitivo, dificultades en la comunicación y problemas en la socialización.
Para la CNSE, asegurar un acceso precoz a la lengua de signos —y a profesionales sordos especializados cuando sea posible— no es solo una medida educativa: es una garantía de derechos fundamentales para el desarrollo integral del niño y la niña.
Medidas urgentes que exige la CNSE
- Garantizar la disponibilidad de intérpretes de lengua de signos en dispositivos sanitarios, educativos y sociales.
- Implantar programas de formación obligatoria para profesionales que atienden a familias con miembros sordos.
- Crear protocolos de coordinación entre servicios para evitar solapamientos y vacíos de responsabilidad.
- Promover el acceso temprano a la lengua de signos y la presencia de especialistas en atención a la infancia sorda.
La presentación del protocolo en el Ministerio de Derechos Sociales busca precisamente que las leyes existentes dejen de ser buenas intenciones y se traduzcan en actuaciones visibles en la vida cotidiana.
Si se consigue, ningún padre, madre o tutor tendrá que depender de la suerte para que su familia reciba una atención digna, accesible y respetuosa con su identidad lingüística y cultural.
