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- Agenda inmediata: prioridades y complejidad
- La ley abolicionista: qué propone y qué retos enfrenta
- El reto digital: plataformas y mercado global
- Pulseras antimaltrato: datos, fallos y auditoría
- Violencia machista: cifras que exigen respuesta inmediata
- Violencia vicaria: negociación y contenido de la norma
- Juventud y masculinidades: hacia otra manera de implicar
- El aborto: derecho reconocido, prestación por garantizar
- Qué queda por delante
En su primer 8-M al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad, María Guijarro recibe una administración cargada de urgencias: desde la reforma para incluir el aborto en la Constitución hasta la prometida ley abolicionista de la prostitución y la revisión del sistema de pulseras antimaltrato. Estas iniciativas, en trámite ahora mismo, definen prioridades que afectan directamente la seguridad y los derechos de miles de mujeres en España.
Bilbaína, licenciada en Ciencias de la Información y exdiputada del PSOE (2019-2025), Guijarro llega al cargo con la experiencia de trabajo en organizaciones como Médicos del Mundo y con la etiqueta de negociadora tenaz que, dice, caracteriza al electorado vasco. En los pocos meses en el puesto ha tenido que compatibilizar auditorías tecnológicas, negociaciones interministeriales y diálogos parlamentarios para avanzar leyes controvertidas pero centrales para su cartera.
Agenda inmediata: prioridades y complejidad
En su despacho las carpetas moradas resumen un plan con varios frentes simultáneos. Lo urgente y lo estructural se entrelazan: protección de víctimas, persecución de redes, adaptación tecnológica y cambios legales que buscan reducir la demanda y ofrecer alternativas reales a las mujeres en situación de prostitución.
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- Ley abolicionista: tres ejes —penalización de quien se lucra y de la demanda, programas de salida con formación y acceso a vivienda y empleo, y medidas culturales para dejar de normalizar la mercantilización de cuerpos.
- Prostitución online: persecución de la demanda en plataformas digitales; coordinación con el Ministerio de Transformación Digital para regular y combatir sitios que facilitan la explotación.
- Pulseras antimaltrato: auditoría tecnológica y renovación contractual tras incidencias; refuerzo del sistema de respuesta policial y mejora de materiales y dispositivos.
- Violencia vicaria: negociación interministerial para cerrar un texto que integre la protección del menor y la persecución de conductas que usan a niños como herramienta de daño.
- Blindaje del aborto en la esfera pública: llevar la prestación sanitaria al catálogo efectivo de servicios garantizados.
La ley abolicionista: qué propone y qué retos enfrenta
Guijarro describe la norma como un proyecto complejo que no se limita a sancionar la oferta y la intermediación sino que busca golpear la demanda y asegurar caminos de salida para las afectadas. Tras estudiar modelos europeos —cita las experiencias de Francia y Suecia— subraya que la transición no es inmediata: las redes y la precariedad están profundamente arraigadas.
Reconoce el riesgo de empujar actividades a la economía sumergida y destaca que el enfoque debe centrarse en reducir vulnerabilidades —regularización administrativa, alternativas laborales y atención psicosocial— para que la abolición no deje a mujeres en peor situación.
Sobre el debate regulacionismo versus abolición, Guijarro admite diferencias dentro del arco parlamentario y con sus socios de Gobierno, y defiende que el punto de partida debe ser la constatación de que muchas decisiones en ese ámbito no se toman desde condiciones de libertad plena.
El reto digital: plataformas y mercado global
El plan incluye medidas para perseguir la oferta en internet con la misma contundencia que la presencial. La ministra explica que, aunque muchas plataformas no tengan sede en España y el mercado sea transnacional, es imprescindible incorporar instrumentos legales y técnicos para atajar la visibilidad comercial de cuerpos como producto.
Sobre ejemplos polémicos como OnlyFans, evita hablar de prohibiciones tajantes: el planteamiento —explica— combina regulación, cooperación europea y herramientas técnicas, y será objeto de diálogo con Transformación Digital.
Pulseras antimaltrato: datos, fallos y auditoría
Desde su llegada la secretaria de Estado ordenó una revisión técnica del sistema que controla órdenes de alejamiento. Según el balance que maneja, el sistema registra millones de geoposicionamientos diarios y protege a miles de mujeres; los informes consultados apuntan a una alta percepción de seguridad entre usuarias.
No obstante, hubo fallos puntuales que obligaron a ampliar y mejorar el contrato con la adjudicataria: el nuevo pliego crece en inversión y contempla materiales y dispositivos más resistentes —por ejemplo, tobilleras con mejor rendimiento en condiciones adversas—, según los técnicos consultados.
La posibilidad de sanciones a la UTE adjudicataria —Vodafone-Securitas— sigue abierta y dependerá de la conclusión de la investigación técnica y jurídica en curso.
Violencia machista: cifras que exigen respuesta inmediata
El arranque de 2026, con un incremento notable en asesinatos de mujeres respecto al año anterior, coloca la violencia machista en el centro de la agenda. Para Guijarro, el dato exige un tratamiento de Estado que movilice a administraciones diversas —Interior, Justicia, Sanidad, fiscalía, poder judicial y ayuntamientos— y a la sociedad civil.
Advierte que fallan la detección, la respuesta institucional y, sobre todo, la cultura que normaliza agresiones. Por eso insiste en la necesidad de educación afectivo‑sexual desde edades tempranas y en formar a profesionales de salud, justicia y seguridad para mejorar la identificación y el acompañamiento de víctimas.
Violencia vicaria: negociación y contenido de la norma
La norma sobre violencia vicaria estuvo a punto de aprobarse pero requirió ajustar su redacción por diferencias entre los ministerios implicados. Guijarro afirma que el texto está próximo a cerrarse y destaca dos prioridades: garantizar la protección y el apoyo del menor y asegurar que un agresor no pueda ejercer impunidad parental.
Insiste en que la ley se trabaja en diálogo con las organizaciones que atienden a víctimas y que la intención es articular el Código Penal y el Código Civil para no dejar vacíos legales.
Asimismo, remarca la inclusión de mecanismos de escucha del menor en procesos civiles, una demanda constante de las asociaciones especializadas.
Juventud y masculinidades: hacia otra manera de implicar
Guijarro reconoce señales de desmovilización entre parte de la juventud pero también señala a grupos de jóvenes muy concienciados. Para recuperarlos, hace falta cambiar códigos de comunicación institucional y mejorar la educación en corresponsabilidad.
En cuanto a los hombres, defiende su papel como aliados activos: no como protagonistas, sino como responsables que cuestionen comportamientos machistas en sus entornos y participen en procesos de formación feminista.
El aborto: derecho reconocido, prestación por garantizar
La reforma constitucional anunciada por el Gobierno pretende blindar el acceso al aborto en el marco público. Guijarro recuerda que el aborto ya figura como derecho en España, pero subraya la diferencia entre reconocimiento legal y garantía efectiva de la prestación en servicios públicos.
El Gobierno apuesta por incluir la protección en la Carta Magna de forma que la práctica deje de depender de la disponibilidad en cada comunidad autónoma. El Consejo de Estado, según la secretaria de Estado, ha avalado la vía elegida; ahora la reforma deberá superar mayorías parlamentarias complejas.
Qué queda por delante
Los próximos meses decidirán si varias iniciativas concretas llegan a materializarse: lograr un consenso parlamentario sobre la reforma constitucional, cerrar la ley de violencia vicaria con garantías para menores, aprobar una ley abolicionista que funcione también en el ámbito digital y asegurarse de que la tecnología de protección sea fiable.
Los puntos clave para seguir de cerca:
- Plazos legislativos: calendarios de tramitación y negociación en el Congreso.
- Resultados de la auditoría sobre las pulseras y posibles sanciones contractuales.
- Impacto en jóvenes: campañas y programas educativos que busquen reconectar al movimiento feminista con las nuevas generaciones.
- Cooperación digital: pasos conjuntos con la UE y el Ministerio de Transformación Digital para controlar plataformas.
En un momento de crisis de legitimidad y con la presión de cifras recientes, la Secretaría de Estado de Igualdad apuesta por combinar medidas técnicas, recursos sociales y acuerdos políticos. La capacidad del Ejecutivo para traducir esas medidas en políticas públicas eficaces será determinante para la seguridad y los derechos de muchas mujeres en España.
