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Este domingo, las urnas en Castilla y León servirán como un primer termómetro sobre si el eslogan «no a la guerra», recuperado por Pedro Sánchez tras más de dos décadas, puede movilizar el voto de la izquierda. Lo que está en juego va más allá de una contienda regional: pone sobre la mesa si un conflicto exterior puede convertirse en arma electoral en pleno ciclo nacional.
Lecciones del pasado reciente
En 2003, la intervención en Irak fue utilizada por la oposición para cuestionar al Ejecutivo de José María Aznar. Pese a la campaña contra la implicación española, las elecciones municipales y autonómicas celebradas apenas dos meses después no cambiaron el mapa de poder: el PP mantuvo su amplia base territorial.
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Sin embargo, las generales de 2004 ofrecieron un desenlace distinto: José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó La Moncloa. Aquella victoria quedó marcada para siempre por la tragedia del 11-M, ocurrida tres días antes de los comicios, un factor que impide saber con certeza qué peso tuvieron las posiciones sobre la guerra en aquel resultado.
La táctica de Moncloa y el riesgo político
En el Gobierno creen que la posible escalada en Oriente Medio —o el riesgo de un conflicto con Irán— puede reforzar la narrativa pacifista y movilizar apoyos. Para algunos analistas, no obstante, esa estrategia corre el peligro de parecer un recurso desesperado cuando la carrera electoral no favorece a la formación gobernante.
- Para los votantes: la guerra, real o latente, puede convertirse en criterio de voto para quienes priorizan la paz y la estabilidad exterior.
- Para los partidos: usar la política exterior como bandera electoral intensifica la polarización y reduce el espacio para consensos.
- Para España en el exterior: la alternancia partidista en la diplomacia complica alianzas y la previsibilidad con socios internacionales.
La implicación española en Irak en 2003, alineándose con lo que entonces se conoció como el trío de las Azores, dañó la percepción de España ante muchos países europeos que optaron por otra vía. La retirada abrupta de tropas ordenada por Zapatero al llegar al Gobierno en 2004, a su vez, fue interpretada por algunos aliados como una decisión que priorizaba intereses internos sobre compromisos de seguridad compartida.
Ese juego de idas y venidas —una política exterior marcada por cambios drásticos según el partido en el poder— ha dejado una impronta duradera: la internacionalización de debates que deberían resolverse como política de Estado, con continuidad más allá del color político del Ejecutivo.
Qué implica hoy
No se trata solo de tácticas electorales; hay consecuencias tangibles. Una diplomacia percibida como voluble reduce la capacidad de influir en foros multilaterales, debilita la confianza de aliados y complica la cooperación militar y civil en crisis futuras.
Si la cita de este domingo confirma que el discurso pacifista favorece a la izquierda, es probable que veamos una mayor instrumentalización de asuntos exteriores en la campaña nacional. Si no, la apuesta habrá quedado en mera retórica.
En cualquier caso, la discusión vuelve a poner en evidencia una cuestión central: España necesita mayor estabilidad y continuidad en su política exterior si aspira a mantener peso e interlocución en el conjunto de la Unión Europea y en la OTAN.
