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Unas 500 máquinas agrícolas y varios centenares de productores tomarán este miércoles las calles de Madrid para exigir respuestas sobre comercio internacional y fondos comunitarios. La protesta, convocada por Unión de Uniones junto a otras organizaciones, pretende presionar a Gobierno y Bruselas sobre el impacto que, según el sector, tendrán el acuerdo con Mercosur y la reforma de la PAC para 2028-2034.
La marcha, que partirá de la Plaza de Colón y descenderá por el Paseo de Recoletos hasta el Ministerio de Agricultura, reúne a agricultores movilizados desde finales de diciembre y contará también con la adhesión de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) y representantes políticos.
Motivos de la protesta
Los organizadores señalan dos frentes: primero, la firma de acuerdos comerciales que, a su juicio, permiten la entrada de productos que no cumplen las mismas normas que las producciones europeas; segundo, una propuesta comunitaria que recorta recursos de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034.
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Desde Unión de Uniones su portavoz, Luís Cortes, cuestiona la eficacia de las llamadas cláusulas de salvaguardia que Bruselas asegura tener listas para responder a situaciones de “competencia desleal”. Según su relato, esos mecanismos llegan tarde o no se aplican con la contundencia necesaria y, en casos concretos como el arroz, ya se han detectado efectos negativos en la producción nacional.
Por qué esto importa ahora
La organización recuerda que la negociación de los acuerdos y la revisión presupuestaria están en calendario: la entrada en vigor de Mercosur, alertan, podría materializarse en poco más de un año, y el reglamento comunitario relacionado con la PAC tiene previsto un trámite que se prolonga hasta febrero de 2027. Esa simultaneidad, dicen, aumenta la sensación de urgencia dentro del campo.
En el contexto político europeo, los representantes agrarios interpretan la batería de pactos internacionales como una respuesta acelerada a presiones geopolíticas y comerciales. Temen que el ritmo de firma deje fuera las salvaguardas necesarias para garantizar trato equivalente en normas sanitarias, laborales y medioambientales.
Demandas concretas
En su intervención, Cortes expuso varias reclamaciones que la protesta pondrá sobre la mesa:
- Cláusulas espejo que exijan a los países socios condiciones equivalentes en producción, uso de fitosanitarios y respeto laboral.
- Mecanismos de control y sanción efectivos para que las cláusulas de salvaguardia no queden en meros plazos administrativos.
- Presupuestos de la PAC que no reduzcan la capacidad de apoyo a explotaciones familiares ni desincentiven la rentabilidad.
- Medidas reales para facilitar el relevo generacional: anticipos y financiación adaptada a jóvenes sin aval familiar.
Cláusulas espejo y competencia
El ejemplo que suelen citar es el de productos concretos. Los agricultores subrayan la incoherencia de importar cultivos tratados con sustancias prohibidas en la UE, o de permitir exportaciones desde países socios con plazos y contingentes mucho más favorables que los aplicados a los productores europeos.
Apuntan además a desigualdades temporales en la apertura de mercados: mientras que algunos países podrían comenzar a exportar al día siguiente de firmar, la oferta española se vería limitada durante años. Esa asimetría, sostienen, convierte acuerdos comerciales en factores de desventaja para la agricultura local.
Relevo generacional: ayudas que no funcionan
La falta de jóvenes que se incorporen al campo es otra de las banderas de la movilización. Según la organización, las subvenciones para nuevos agricultores existen en papel, pero su diseño administrativo impide que sean accesibles para quien carece de recursos iniciales.
El proceso habitual —solicitud, aprobación tras meses y obligación de ejecutar la inversión en plazos cortos— deja fuera a la mayoría de aspirantes sin respaldo familiar o crédito bancario. En la práctica, denuncian, las ayudas terminan beneficiando principalmente a quienes ya cuentan con un capital detrás.
Precios, cadena alimentaria y control del mercado
Otra queja recurrente es que muchos productos se contratan por debajo del coste de producción. Unión de Uniones sostiene que la legislación sobre la cadena agroalimentaria no se aplica con la severidad necesaria y que las sanciones son insuficientes para frenar prácticas comerciales que erosionan la rentabilidad de las explotaciones.
Denuncias presentadas por las organizaciones muestran, según ellas, un patrón de precios inadecuados en cultivos como el arroz, la patata, la remolacha o el tomate. Los agricultores reclaman una mayor voluntad política para imponer la ley y un equilibrio real en las relaciones comerciales.
Enfermedades animales: respuesta insuficiente
En paralelo, el sector critica la capacidad de respuesta frente a brotes sanitarios. Citando episodios recientes —entre ellos la Dermatosis Nodular Contagiosa y la Peste Porcina Africana—, denuncian retrasos en la disponibilidad de vacunas y en la implementación de medidas de contención.
La consecuencia, advierten, no es solo sanitaria sino económica: la incertidumbre ante enfermedades que no se combaten con rapidez reduce la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas.
Qué piden al resto de la sociedad
La movilización busca también sensibilizar a consumidores y ciudadanos: los agricultores quieren recordar que una política agraria fuerte y acuerdos equilibrados contribuyen a garantizar suministros de calidad a precios razonables.
- Mejor regulación y cumplimiento de la ley para evitar ventas por debajo del coste.
- Acuerdos comerciales que incorporen estándares laborales y sanitarios comparables.
- Mecanismos de acceso financiero real para jóvenes que quieran incorporarse al campo.
La tractorada pretende, en definitiva, exhibir el peso social del sector y forzar cambios concretos en normativas y prácticas —tanto a nivel nacional como en Bruselas— antes de que las decisiones sobre Mercosur y la PAC se concreten definitivamente.
