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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado la retirada de 138 anuncios de alojamientos turísticos alojados en plataformas que operan en España por encontrarlos contrarios a la normativa aprobada para apoyar a la población palestina. La medida obliga a las empresas a bloquear o eliminar esas publicaciones de forma inmediata o a enfrentarse a actuaciones administrativas.
Qué ha actuado y por qué importa
La intervención responde a una inspección interna que detectó anuncios de viviendas ubicadas en asentamientos israelíes dentro del Territorio Palestino Ocupado. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha remitido requerimientos a siete plataformas intermediarias que ofrecen estos alojamientos a usuarios en España.
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Según el Ministerio, la comercialización de estos inmuebles contribuye a la normalización de una situación que, a juicio del Gobierno, resulta incompatible con el ordenamiento internacional y con la reciente normativa aprobada por el Ejecutivo.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios identificados | 138 |
| Plataformas requeridas | 7 |
| Códigos postales implicados | Más de 200 |
| Base legal citada | Real Decreto-ley (artículo 4) |
| Publicación oficial | Listado publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado |
Marco legal y referencias internacionales
El requerimiento se apoya en un Real Decreto-ley aprobado para dar respuesta urgente a la situación de la población palestina; concretamente, el artículo 4 tipifica como ilícita la publicidad de bienes y servicios procedentes de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
Además, el Ejecutivo remite a la Corte Internacional de Justicia, cuya Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024 subrayó la obligación de los Estados de impedir relaciones económicas que puedan sostener una situación considerada ilegal por el derecho internacional. Esa conclusión refuerza la interpretación española para limitar la difusión comercial de este tipo de ofertas.
Reacciones y acciones de la sociedad civil
Organizaciones de derechos humanos llevan tiempo denunciando la presencia de propiedades de asentamientos en plataformas de alquiler turístico. En noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law (JURDI) presentó una demanda en Francia contra una de las principales plataformas por anuncios en asentamientos de Cisjordania; Amnistía Internacional y otras ONG han señalado públicamente prácticas similares en varias empresas del sector.
Las peticiones de estas organizaciones han servido de contexto para la actuación administrativa actual, que busca frenar lo que el Ministerio califica como una actividad que legitima la ocupación.
Qué deben hacer las plataformas y qué puede esperar el usuario
- Retirar o bloquear de forma inmediata los anuncios identificados como ilícitos.
- Notificar al Ministerio sobre las medidas adoptadas en el plazo establecido en el requerimiento.
- Si no cumplen, enfrentarse a posibles sanciones administrativas y a nuevas actuaciones regulatorias.
- Para viajeros: consultar la procedencia del alojamiento y esperar cambios en la oferta disponible en estas plataformas.
- Para anfitriones: revisar la legalidad de la ubicación de sus propiedades y la documentación que pruebe su situación registral.
La medida abre una vía de control administrativo sobre los contenidos comerciales ofrecidos en España y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas en cadenas de suministro globales. A corto plazo, el efecto más inmediato será la desaparición de esas 138 publicaciones y, probablemente, una revisión más amplia de listados que vinculen actividad económica con territorios bajo disputa.
