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La investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la magistrada que instruye la causa por la DANA en Valencia ha puesto en el foco la conducta de la judicatura en causas de gran impacto público. La polémica gira en torno a decisiones procesales que críticos consideran parcializadas y que, según juristas y partidos, erosionan la confianza ciudadana en el sistema.
Qué reprochan a la instructora
En el centro del conflicto figura la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, investigada por presunta falta de imparcialidad en la tramitación del sumario sobre la riada del 29 de octubre de 2024. Sus decisiones han suscitado críticas por su selectividad al convocar testigos y por el orden en que se practican diligencias.
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El episodio que más atención ha generado fue la citación como testigo del líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la instrucción del caso. El exdirigente popular compareció durante cerca de cinco horas; la medida fue solicitada por una asociación de víctimas que, según fuentes consultadas, mantiene vínculos con formaciones políticas. Para muchos observadores, la citación de un político de alto perfil y la extensión del interrogatorio ilustran un uso procesal que trasciende la pura investigación técnica.
Al mismo tiempo, se apuntan omisiones relevantes: varias acusaciones particulares han reclamado declarar a la ministra con competencias en medio ambiente y gestión de emergencias, Teresa Ribera, por decisiones administrativas previas al temporal, pero esas peticiones habrían sido denegadas. Además, algunos críticos resaltan que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no figura por ahora imputado, pese a denuncias sobre la gestión de avisos en el Cecopi relacionadas con la subida exponencial del caudal en el barranco del Poyo, señalado en varias acusaciones como responsable de un alto número de víctimas.
Alertas sobre imparcialidad y conflicto de intereses
Las suspicacias hacia la instructora se acompañan de cuestionamientos por posibles conflictos de interés en el entorno familiar y profesional. Se ha señalado que el marido de la jueza, también magistrado, ha participado en la toma de declaraciones de víctimas y que existen vínculos indirectos entre determinadas asociaciones personadas en la causa y partidos políticos regionales.
- Convocatoria de Feijóo: comparecencia prolongada y solicitada por una asociación de víctimas.
- Preguntas sobre una fotografía: en el interrogatorio se abordó una imagen vinculada a un presunto narcotraficante, tema cuya relación con la DANA ha sido cuestionada.
- Negativa a citar a la ministra Ribera: peticiones de algunas acusaciones para incluirla en la investigación no habrían prosperado.
- Situación del Júcar: el responsable de la Confederación no está imputado pese a denuncias sobre la gestión de alertas.
- Vínculos institucionales: señalamientos sobre la implicación de letrados con pasado o afinidades políticas.
Estas circunstancias han activado la apertura de diligencias disciplinarias por parte del CGPJ, que ahora debe determinar si existen indicios suficientes de parcialidad y si las actuaciones de la instructora vulneran las normas de conducta judicial. La resolución del órgano de gobierno de los jueces será clave para fijar precedentes sobre la supervisión interna del Poder Judicial en casos mediáticos.
Por qué importa hoy
El asunto tiene implicaciones prácticas claras: cuando procedimientos de alto impacto público parecen guiados por criterios distintos a la mera investigación técnica, se debilita la percepción de independencia judicial y crece la politización de los procesos. Eso afecta no solo a las partes en el procedimiento, sino a la confianza colectiva en cómo se administra la justicia tras catástrofes con pérdida masiva de vidas.
Además, la forma en que se diriman estas quejas marcará la respuesta institucional ante posibles desviaciones en futuros sumarios de alto voltaje mediático. Un CGPJ que actúe con celeridad y transparencia puede contribuir a restablecer la normalidad procesal; una respuesta dilatada o ambigua, en cambio, alimentará sospechas sobre corporativismo y doble rasero.
Fuentes judiciales y politológicas consultadas insisten en la necesidad de separar la investigación penal —que debe basarse en pruebas y en el principio de presunción de inocencia— de la responsabilidad disciplinaria, que evalúa la conducta de magistrados en el ejercicio de sus funciones. El caso de la DANA en Valencia se mantiene abierto en ambas vías, con la tensión añadida de su repercusión social y política.
En los próximos días, la atención estará puesta en los pasos que dé el CGPJ: la apertura de un expediente disciplinario y su eventual conclusión tendrán consecuencias sobre la gestión de causas similares y sobre la percepción pública del sistema judicial. La exigencia pública es doble: aclaración de los hechos y restauración de garantías procesales para todas las partes implicadas.
