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El aumento de gasto en material militar y la renovación de equipos tras la guerra en Ucrania han reabierto el debate sobre cómo se distribuyen los contratos públicos. Para Manuel García del Valle, responsable en Inetum, si la contratación se concentra en unas pocas grandes empresas se reduce la presión para mejorar y generar innovación tecnológica relevante.
Por qué importa ahora
Los fondos destinados a defensa no solo cubren compras puntuales: condicionan la cadena industrial, las capacidades tecnológicas y el empleo especializado de la próxima década. Si la adjudicación de proyectos queda acaparada por un grupo reducido de proveedores, el sistema pierde dinamismo y las pymes —fuente habitual de innovación— quedan fuera del circuito.
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García del Valle subraya que el riesgo no es teórico: la falta de competencia en adjudicaciones reduce incentivos para invertir en I+D, con efectos a medio plazo sobre la autonomía estratégica y la competitividad nacional.
Qué consecuencias puede tener la concentración de contratos
La concentración tiene impactos variados y acumulativos. Algunos de los efectos más relevantes son:
- Disminución del ritmo de innovación tecnológica por ausencia de presión competitiva.
- Vulnerabilidad de la cadena de suministro frente a problemas de capacidad o fallos en empresas dominantes.
- Menor diversificación del empleo cualificado a nivel regional.
- Dificultad para que soluciones emergentes —normalmente aportadas por start-ups y pymes— lleguen a implantarse en programas mayores.
Propuestas para ampliar el reparto
Según la visión de expertos del sector consultado por Inetum, la política pública y las prácticas de compras deberían orientarse a crear un ecosistema más inclusivo, sin sacrificar eficiencia ni seguridad. Entre las medidas plausibles aparecen varias líneas de acción:
- Fragmentar contratos cuando sea compatible con la funcionalidad, para abrir accesos a empresas medianas y pequeñas.
- Establecer cláusulas de subcontratación que favorezcan la incorporación de proveedores locales y tecnológicos.
- Proporcionar líneas de financiación y programas de aceleración específicos para compañías con capacidad de I+D en defensa.
- Impulsar evaluaciones de riesgo que integren criterios de resiliencia industrial y diversificación de proveedores.
Retos prácticos y límites
No todas las compras pueden dividirse sin coste: algunos sistemas requieren integradores capaces de garantizar interoperabilidad, certificaciones y soporte a largo plazo. Además, la seguridad operativa impone controles estrictos que limitan la entrada de participantes sin historial probado.
Por eso, la propuesta de García del Valle insiste en combinar dos prioridades: mantener la exigencia de capacidad técnica y, al mismo tiempo, diseñar mecanismos que permitan a nuevas empresas demostrar su valía en proyectos piloto o como socios de consorcios.
Qué ganan los ciudadanos
Un mayor reparto de la inversión implica beneficios tangibles: más innovación aplicada, cadenas de suministro menos expuestas a interrupciones, y distribución geográfica del empleo cualificado. A la vez, refuerza la soberanía tecnológica del país al fomentar capacidades propias en sectores estratégicos.
En un contexto europeo donde la agenda de defensa cobra prioridad, la decisión sobre cómo gestionar las adjudicaciones hoy determinará la capacidad industrial y científica de mañana. El desafío es equilibrar seguridad, eficiencia y pluralidad de proveedores para que la inversión pública impulse una industria más competitiva e innovadora.
