La Comisión de Venecia aporta una opinión no vinculante sobre la ejecución de las sentencias. Digo esto en relación con el fallo condenatorio contra Mas y también valorando el reto que representa el proceso soberanista que sigue aparentemente avanzando y desplegando toda su parafernalia y luchando por la independencia.

La consideración o valoración de este órgano consultivo del Consejo de Europa no es oportuna ni adecuada, a mi juicio. Porque es una forma de inmiscuirse en aspectos judiciales internos del estado español. Aunque también es preciso señalar que ha validado la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y es cierto que todo es mejorable. Pero que la Comisión de Venecia pida neutralidad al alto tribunal español me parece excesivo. Está juzgando una desobediencia muy grave y aconsejar que no ejecute sus propias sentencias es muy discutible. Porque es como si perdiera legitimidad en sus decisiones.

Considero que la neutralidad no se logra con que el Tribunal Supremo obligue a ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, por decirlo de alguna forma. Aunque esta Comisión ha reconocido de forma muy explícita y clara que la actitud de un funcionario público que rechaza ejecutar una sentencia “viola los principios del Estado de Derecho, la separación de poderes públicos y la cooperación leal de los órganos del Estado”. Es evidente que se está aludiendo de forma velada a Mas y a otros altos dirigentes catalanes independentistas.

Ya han dicho varios políticos de los partidos soberanistas que van a seguir y van a celebrar el referéndum este mismo año. Ya se verá. Las cosas se dicen, pero el futuro no está escrito y los brindis al sol siempre son posibles. Y que haya miles de personas dispuestas a asumir el reto de celebrar la consulta es algo que puede suceder, pero tendrá sus consecuencias, si es que al final se concreta.

Aunque respeto que Puigdemont y Junqueras califiquen de errónea e injusta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considero que es perfectamente válida, legítima y justa, por múltiples razones que son evidentes por sí mismas, si consideramos la correcta interpretación del ordenamiento legal vigente. Cualquier jurista posee sobrados argumentos jurídicos para reafirmar la  coherencia y justificación de la sentencia del tribunal.

El delito de desobediencia por el que ha sido condenado Mas a pagar una multa de 36.500 euros y a estar inhabilitado durante dos años para ocupar un cargo público es algo entendible, puesto que ha convocado la consulta del  9-N a pesar de las claras e inequívocas advertencias del Tribunal Constitucional. Y ya se sabe que aunque recurra, cosa que hará, no podrá presentarse a las elecciones.

Que Mas llegue a decir que “en el Estado español se persigue a gente por sus ideas” me parece desproporcionado, porque confunde las cosas. Las leyes las cumplimos todos. Es verdad que pueden cambiarse o derogarse, pero si esto no ocurre deben ser respetadas. Lo contrario es no tener en cuenta el poder coercitivo del derecho o de la normativa legal.

No creo  que los tribunales de Estrasburgo den la razón a Mas. Aunque es lógico y natural que él considere que sí. Es una de las últimas bazas que le quedan de cara a su futuro político.

Además la soberanía del Estado español debe imponerse a planteamientos que no pueden condicionar  la integridad  y unidad territorial de España que está amparada y garantizada por el texto constitucional  y  el monarca.

 

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