El ministro del Interior ha tejido, al modo de los regímenes totalitarios, una policía específica para perseguir a sus adversarios políticos.
[dropcap]E[/dropcap]ste martes se ha conocido, a través del diario Púlico, la existencia de unas grabaciones en las que el ministro del Interior —ahora en funciones— Jorge Fernández Díaz, conspira junto al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso Laso, con el fin de conseguir cualquier dato comprometedor para dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana (ERC).
Estas grabaciones se hicieron en 2014, en días previos a la Diada de Cataluña. Fernández Díaz dio entonces orden explícita de perseguir cualquier información sobre las adjudicaciones de la Generalitat a CESPA—donde trabaja el hermano de Oriol Junqueras, Roger— y que pudiese poner en apuros a ambas formaciones independentistas. En esas grabaciones, de Alfonso explica al ministro que las cosas que están investigando sobre Esquerra “son muy débiles”. Además, se escucha cómo el jefe de Antifraude filtró algunas de esas averiguaciones al Grupo Planeta, para que la investigación no fuera “nada sospechosa”.
Durante esta legislatura, no es la primera vez que desde la cartera de Fernández Díaz hay evidencias de la creación de una policía política. Hace unos meses, la Secretaría de Estado de Interior encargó un “informe fantasma” a la policía para desprestigiar a Podemos. Este documento se pretendió hacer pasar por un informe oficial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que probaba la financiación irregular de la formación morada por parte de países como Venezuela e Irán, pero el Tribunal Supremo archivó la causa.
El ministro, ya ha recibido múltiples acusaciones por parte de diversos colectivos de pretender poner en compromiso el Estado de Derecho. A las críticas por la popularmente conocida como “Ley mordaza”, las medallas al mérito policial concedidas a figuras religiosas del catolicismo o los falsos informes que pretendían desprestigiar a Podemos; Fernández Díaz se enfrenta ahora a las consecuencias políticas y legales que pueda ocasionarle el hecho de haber utilizado una institución pública con el único fin de perseguir adversarios políticos.
