[dropcap]E[/dropcap]ntre la expectación y las expectativas generadas tras ya varias semanas de (pre) campaña electoral, Ciudadanos ha dado a conocer su programa económico. Más concretamente el primer “fascículo” de un plan que se irá desvelando en seis entregas, una por semana. El primero de los apartados incluye una batería de propuestas en materia de empleo enarboladas bajo la bandera de la lucha contra el paro y la precariedad laboral. De especial relevancia me han parecido tres de las proposiciones anunciadas que en las siguientes líneas trataré de descomponer y analizar.
Hoy día el mercado laboral muestra una acusada bipolaridad entre el desamparo de los contratados temporales y el blindaje de los indefinidos. En dicho sentido, la implantación de un contrato único que terminaría con la patológica dualidad del mercado laboral español resulta, a priori, una de las proposiciones más interesantes de Ciudadanos.
El modelo expuesto plantea la extinción del contrato temporal tal y como lo conocemos, de forma que sólo se contemple un único modelo contractual (muy bien planteado por los amigos de Politikon), supeditado a una indemnización creciente por despido, en relación a la acumulación de tiempo trabajado. Es decir, a cuántos más meses o años acumulados en un puesto de trabajo; mayor resarcimiento en caso de cesantía.
Ello parece de por sí bastante legítimo, pero sin embargo, plantea una serie de problemas. Si las indemnizaciones son progresivas, entonces las empresas verán mucho más costoso despedir a los asalariados antiguos que a los recientes; lo que en el fondo nos vuelve a remitir al arquetipo dual. Se perpetuaría por lo tanto el desincentivo a la productividad donde el trabajador neófito, aún con elevada formación, permanece en una situación de vulnerabilidad. Y si la indemnización es creciente, también es previsible que lo sea el acomodo al puesto de trabajo, en tanto que devendría en otro desincetivo, esta vez, a la generación de valor empresarial (¿esfuerzo, interés, implicación…?).
En España, la tutela asistencial del Estado bajo la pretensión dar cobertura a los derechos del trabajador ha sido un modelo fallido, causante en buena medida del alto componente de inflexibilidad de nuestro mercado laboral. Y tal planteamiento no ha contribuido a la mejora de un Estado de Bienestar tan ineficaz como poco eficiente. Por lo tanto, contrato único sí, pero dónde decidan con cierto grado de libertad las partes contratantes; esto es empresa y trabajador, en un contexto de flexibilidad. Las premisas, creo, pasan por terminar con la rigidez y el estatismo laboral, que se incentive la productividad en el puesto de trabajo, y que confluya un equilibrio entre cobertura social y creación de empleo.
Otra de las propuestas llamativas de este primer fascículo económico presentado por Ciudadanos es lo que aciertan a denominar “complemento salarial garantizado”. Según la idea, el Estado elevaría el salario mínimo interprofesional y, para aquellos trabajadores con sueldos por debajo del mismo, garantizaría un complemento (vía bonificación fiscal) que supliese la diferencia. Se trataría por lo tanto de una bonificación en forma de reembolso de impuestos, mediante la cual Hacienda devolvería una parte de lo tributado por el pago del IRPF.
La cuantía del complemento atendería a dos parámetros: por un lado el nivel de ingresos y, por el otro, el número de miembros por unidad familiar. Desde la formación naranja han enfatizado en el relativo bajo coste de dicha medida, que vendría a suponer el 1% del PIB (esto es, 10.000 millones de euros); y el alto rango de cobertura, pudiendo afectar hasta a 6 millones de trabajadores.
La propuesta resulta tan atractiva como desconcertante. Cierto es que podría suponer un estímulo a la búsqueda de empleo para quiénes se encuentren en paro, y un incentivo a seguir trabajando para quienes ya estén empleados. Sin embargo, la propia idea remite a un problema de cuantías y picaresca. Así por ejemplo, si el Estado fijase un salario mínimo de 1.000€ y una empresa pagase al trabajador 800€, la cobertura pública sería el diferencial de 200€… ¿Pero, y sí la empresa pagase 600€, o 400€ o, ya puestos, nada? Creo que de primeras la medida plantea la problemática de lidiar con la voluntad del empresario que, dada la cobertura estatal, podría encontrar todo un incentivo (¿no penalizado?) en el establecimiento de una política de infra salarios. En todo caso, resulta palpable la necesidad de establecer una cuota mínima en la retribución vía privada.
De este complemento salarial deduzco otra más que posible problemática. Si el salario se desliga de las capacidades del trabajador, en tanto que se desvincula de las mismas al no retribuirlas (o más bien, infra retribuirlas) a causa del colchón que supone para el empresario la intervención estatal; es más que previsible que ello devenga en un desincentivo a la productividad. Creo que, si bien el fondo de la proposición puede resultar atrayente, lo cierto es que para Ciudadanos aun cabe pulir muy mucho la (re) forma.
Sin lugar a dudas una de las proposiciones más atrayentes del programa de Ciudadanos es la la supresión del actual sistema de cursos de formación, a juicio de muchos, creo; una reforma tan requerida como necesaria. El propósito reside en la sustitución del tan infecto (corruptelas mediante) modelo actual, por uno renovado que gire en torno a la concesión de un cheque para la formación del desempleado.
Es decir, el Estado ofertaría una cuantía al ciudadano para subsidiar el coste de un curso formativo de su libre elección. Y sería el propio ente público el que afrontase el pago directo del coste, sin que dicho importe recayese en manos del desocupado. De este modo, por un lado se evitaría el mal uso del dinero público y, por el otro, se daría lugar a la posibilidad de elegir entre la oferta formativa a disposición del interesado. La premisa no es otra que la lucha contra el paro (especialmente el de larga duración) y para ello además, desde la formación de Albert Rivera dicen comprometerse con la implantación de un sistema personalizado de búsqueda de empleo para este colectivo.
Yendo incluso más allá, creo que este sistema de cheque formativo podría tener cabida en otros ámbitos formativos, como pudiera ser el caso de la formación profesional (FP), de modo que sustituyese en algunos puntos al actual sistema de becas. Para lograr un control efectivo contra la aparición del fraude, se propone además la realización de auditorías externas que velen por el cumplimiento de los requisitos inherentes al cheque. De entre todas las medidas en materia de empleo, está me parece una de las más concretas y pulidas, además de cómo ya he enfatizado: necesaria.
Las de Ciudadanos son propuestas (medio) novedosas, unas más que otras, y que ciertamente a muchos ya nos suenan. Medidas, eso sí, bastante concretas que evocan la necesidad de un drástico cambio del actual sistema laboral. Proposiciones en la mayor de los casos de sentido común, bajo una perspectiva que, en un inicio, se figura realista por lo factible y no excesivamente costoso de su aplicación. En cierto modo, las propuesto por la formación naranja remite a la idea de un modelo laboral de estilo nórdico, a medio camino entre la socialdemocracia y el liberalismo económico. Una aspiración a la mejora de la efectividad del mercado laboral, al tiempo que del sistema público del bienestar. Premisas cuya consecución ha de pasar necesariamente por la externalización y privatización de ciertos servicios, sin que ello devenga en una pérdida de cobertura asistencial para el ciudadano.
